Via libre a la expropiacion de azoteas
El día 29 de Abril se aprobó definitivamente la nueva ley de Telecomunicaciones de expropiacion de azoteas en España que permitirá a las compañías telefónicas instalar las antenas de telefonía móvil en cualquier azotea que crean necesario sin que, ni la comunidad de vecinos ni el ayuntamiento, puedan protestar. Todos los partidos políticos han votado a favor de la aprobación de esta nueva ley, aprobada con consenso para sacar adelante una norma que servirá para desarrollar el sector de las telecomunicaciones, así como la economía del país. Esta nueva ley parece hecha a medida para facilitar la implantación de las redes 4G en todas las zonas urbanas, con el agravante para la salud que supone este tipo de redes en comparación con la red 3G.
Cada vez son más las evidencias que relacionan la cercanía a estas antenas con el aumento de casos de cáncer, y aprobando esta ley se cede el poder a las corporaciones telefónicas y se deja indefensas a las personas que les toque tener una de estas antenas en su azotea ya que no podrán oponerse a ello simplemente con la excusa de hacer un bien a la economía del país .Las operadoras solo tienen que pedir al Ministerio de Industria la autorización para colocar antenas en una determinada azotea que será catalogada como servidumbre de paso especial. Y declara a las operadoras como posibles beneficiarios de la expropiacion de azoteas en comunidades de propietarios para poder instalar las antenas.
Después de esta nueva ley, como era de esperar, algunas administraciones plantan cara a esta nueva reforma de expropiacion de azoteas. Unas de ellas son las administraciones de Málaga, que han demostrado una firme intención de luchar contra esta ley que consideran un atentado a la propiedad individual bajo aparentes tutelas que no son tales.
Los administradores dicen no comprender que la Ley de Telecomunicaciones haga desaparecer la necesidad de licencia urbanística y por tanto deje de garantizarse que la instalación cumpla con unos mínimos de seguridad. Los ayuntamientos pierden también la autoridad que, hasta ahora, tenían para no permitir las instalaciones cerca de centros escolares debido a que consideraban que eran perjudiciales para la salud, tal y como han explicado algunos estudios al respecto muy contestados.
